El Gobierno elimina normas fitosanitarias que habían quedado obsoletas

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Verduras y vegetales frescos exhibidos para su comercialización, en el marco de las normas fitosanitarias que regulan la producción y el comercio agroalimentario en Argentina.
La eliminación de normas fitosanitarias consideradas obsoletas busca simplificar el marco regulatorio del sector agroalimentario, manteniendo los controles sanitarios vigentes mediante sistemas digitales de trazabilidad, certificación y gestión del riesgo.

El Gobierno derogó ocho normas fitosanitarias para simplificar trámites, reducir la carga administrativa y actualizar el marco regulatorio

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca derogó ocho resoluciones vinculadas con requisitos fitosanitarios y controles comerciales que, según explicó el Gobierno, habían perdido vigencia como consecuencia de la evolución normativa y tecnológica del sector.

La medida busca simplificar el marco regulatorio, reducir la carga administrativa para los operadores y avanzar en el proceso de desburocratización previsto por la Ley de Bases, promoviendo un esquema con mayor seguridad jurídica para las actividades agropecuarias y el comercio de productos agroalimentarios.

Entre las normas derogadas se encuentra la Resolución 405/1998, que obligaba a los productores de manzana y pera a llevar un cuaderno fitosanitario en formato manual. Ese sistema fue reemplazado con el tiempo por herramientas digitales de trazabilidad y registro.

La resolución también elimina disposiciones que regulaban el ingreso de bananas al noroeste argentino, así como requisitos que habían quedado desactualizados para la importación de papa semilla y normas vinculadas con los límites de residuos de plaguicidas.

Desde la Secretaría señalaron que el régimen fitosanitario argentino evolucionó durante los últimos años mediante la incorporación de procedimientos basados en análisis de riesgo, estándares internacionales, sistemas de certificación, plataformas informáticas y mecanismos de trazabilidad, por lo que mantener estas regulaciones dejó de tener utilidad práctica.

Además, el Gobierno sostuvo que conservar normas sin aplicación efectiva genera dispersión normativa y dificulta la operatoria de organismos como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

Por último, aclaró que la derogación de estas resoluciones no modifica los derechos adquiridos ni afecta la validez de los actos administrativos dictados mientras las normas permanecieron vigentes.

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